La DPR aprueba la Ley de Datos Únicos de Indonesia (Satu Data Indonesia)
El Gobierno y la DPR RI aprobaron oficialmente el Proyecto de Ley sobre Satu Data Indonesia (RUU SDI), convirtiéndolo en ley el martes (6/10/2026). La aprobación se llevó a cabo en la Novena Sesión Plenaria del Periodo de Sesiones I del Año Legislativo 2026-2027 en el Complejo del Parlamento, en Senayan, Yakarta, presidida por la presidenta de la DPR, Puan Maharani, después de que ocho fracciones manifestaran su acuerdo.
El reglamento, compuesto por 20 capítulos y 141 artículos, es una propuesta de iniciativa del DPR. La discusión de primer nivel fue acordada por el Badan Legislación junto con el gobierno el lunes (5/10/2026), un día antes de la sesión plenaria, con el Presidente del Comité de Trabajo, Sturman Panjaitan —quien también es Vicepresidente de la Baleg—, presentando el resultado de la discusión antes de que se golpeara el mazo.
La Ley de Datos Únicos de Indonesia (UU Satu Data Indonesia) nació para resolver el problema de la fragmentación de datos entre ministerios y agencias. Durante años, los datos de pobreza según la versión del ministerio A diferían de la versión del ministerio B — y ambos afirmaban tener la razón. Ahora todas las instituciones, desde los ministerios hasta los gobiernos de las aldeas, se rigen por un único estándar de datos.
Datos Básicos Nacionales: Una Referencia, No Una Sola Base de Datos
El núcleo de esta ley es la Data Dasar Nasional (DDN), datos controlados por el Estado que sirven como principal referente para la planificación del desarrollo, las polÃticas fiscales y presupuestarias, la distribución de asistencia social y las necesidades estratégicas nacionales. La DDN se divide en seis grupos y tres clasificaciones: abierta, restringida y confidencial.
El malentendido más común: que el gobierno centralizará todos los datos en una base de datos gigantesca. No. La ley, por el contrario, afirma la interoperabilidad sin centralizar físicamente las bases de datos, sin transferir la propiedad ni la responsabilidad de gestión de los productores de datos. Lo que se uniformiza son los estándares de datos, los metadatos, los códigos de referencia y/o datos maestros, así como el catálogo nacional de datos.
La Ley SDI también elimina la obligación de notas de entendimiento o acuerdos de cooperación entre instituciones para el intercambio y la difusión de datos, recortando la burocracia para que el aprovechamiento de datos entre agencias sea más rápido. La implementación de Satu Data Indonesia está directamente bajo el Presidente, con una orquestación nacional a cargo del Ministerio de PPN/Bappenas, mientras que el Komdigi proporciona la infraestructura digital y la conectividad de los sistemas.
Señales de IA, Seguridad de Datos, y Advertencias de Expertos
Esta ley regula el aprovechamiento de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial y la blockchain, pero con límites estrictos: se debe prestar atención a la seguridad, la rendición de cuentas, la protección de datos y la supervisión humana. Los incidentes de seguridad de datos deben ser reportados en un plazo máximo de 1x24 horas. También se crea un organismo gestor del SDI, responsable directamente ante el Presidente, así como una auditoría de soberanía de los datos para que los datos nacionales no queden en manos de partes extranjeras.
"Cuando los datos son erróneos, lo que está mal no son solo las cifras; la herida es la justicia", declaró Sturman, en referencia al caso de ayuda social mal dirigida debido a que los datos de los beneficiarios difieren entre instituciones. La ministra de PANRB, Rini Widyantini, calificó esta aprobación como un paso crucial para prevenir la manipulación de datos.
Sin embargo, varios expertos advierten sobre los riesgos. El Director Ejecutivo de Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, considera que las disposiciones sobre clasificación de datos aún dejan riesgos para la transparencia de la información pública y la protección de datos personales: sin una matriz de riesgos ni plazos para la clasificación, la restricción del acceso podría convertirse en una puerta trasera para la expansión del secretismo en torno a la información pública. También destacó que la ley aún no aplica plenamente una gobernanza de la IA basada en riesgos, ni el derecho de los ciudadanos a la corrección de sus datos. La tarea pendiente ahora recae en las normas de implementación.
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